Estamos culminando un nuevo año caracterizado por una complejidad pocas veces transitada. Quienes administramos recursos de asociados para posibilitar el acceso a los servicios asistenciales de salud, nos encontramos todo el año bajo una situación de estrés permanente y la falta de previsibilidad por la crisis política, económica, financiera y social, atenta ante cualquier expectativa de futuro cierto y auspicioso.
Particularmente, la situación inflacionaria descontrolada impacta directamente en la economía toda, pero especialmente en los que menos tienen, alterando conductas y generando una puja distributiva con consecuencias éticas y morales inaceptables para cualquier sociedad moderna.
No obstante, sin pretender de mi parte realizar un diagnóstico sociológico, creo que, si pretendemos analizar aisladamente este año 2023 caracterizado por un contexto generalizado de crisis y sus consecuentes comportamientos sociales, sin retrotraernos a algunos años atrás podríamos incurrir en un diagnóstico imparcial.
En el año 2020 comenzamos a vivir un hecho tremendamente traumático como lo fue la pandemia COVID 19 y muchos soñamos que nos íba a sensibilizar socialmente al punto de comenzar a construir una sociedad más justa y solidaria. Pero en realidad aparecieron conductas autoritarias e individualistas, desnudando algunas miserias humanas de una realidad triste y preocupante.
Las Ciencias Sociales estudiaron por tiempos los comportamientos humanos en situaciones de crisis, pudiéndose definir como un período problemático en la vida de las personas, impulsada por uno o varios eventos difíciles. Enfrentar situaciones cuyas demandas se sienten insuperables también puede conducir a una crisis. El concepto de crisis está asociado también a dificultad, riesgo y peligro, pero también se asocia al proceso traumático de cambio que puede ser para bien o para mal.
Por ello creo que la crisis iniciada en nuestro país a partir de la pandemia, con sus efectos psicosociales, más la posterior crisis económica, política, social, educacional, sanitaria, de seguridad, etc, generaron una necesidad social de cambiar, más allá del riesgo.
Lamentablemente en nuestra sociedad existe una mayoría social que tiene la sensación de que los Estados (especialmente el nacional) no terminan de solucionar los problemas de las personas, con cargas impositivas desmedidas en relación a la contraprestación y la insatisfacción de los derechos sociales elementales, más los ejemplos contradictorios de una parte importante de clase dirigente, fueron generando un sentimiento de incredulidad en todos los segmentos socioeconómicos.
Pero, por otro lado, en la lógica pura del capitalismo de mercado tampoco se encuentra la solución a las diferentes necesidades de una sociedad en constantes cambios y con la incorporación de nuevos derechos sociales.
Allí es donde la Economía Social aparece como el modelo intermedio que puede dar respuestas y ser una importante herramienta transformadora de los problemas estructurales de una sociedad.
Si nos referimos específicamente al mutualismo de salud, durante más de 160 años existió como forma de organización de libre elección por parte de las personas y, gran parte de ese período, sin regulaciones por parte del Estado. Las primeras normas tendieron a ordenar la actividad y a ampliar la base de inclusión a este sistema solidario, pero nunca a modificar sustancialmente la voluntad y determinación de las personas.
En 1973 a través de la ley 20.321 se sigue la visión ordenadora, agregándose la voluntad como política pública de fomentar la organización mutual, como una manera de satisfacción de algunas necesidades que no pueden ser cubiertas desde el estado.
Pero llegó el año 2011 con nefasta inclusión de las mutuales y cooperativas de salud dentro de la ley de Regulación de Medicina Prepaga (26.682) y la historia comenzó a cambiar para siempre en este sector. Incluir dentro de una misma lógica a todo el sistema de salud privado de Argentina fue un triste acontecimiento histórico sin precedentes, que alguna vez tendrá responsables y desnudará intereses. Si bien es cierto que la medicina prepaga de lucro necesitaba un ordenamiento, a partir de ese momento con el pretexto del “Estado Presente”, se modificó la realidad de las organizaciones de la Economía Social, incluso del sector privado en general, afectando el acceso a la salud de nuestra gente, que hasta el momento tenía la libertad de elegir su nivel de cobertura en función de sus posibilidades económicas.
Así durante los sucesivos años la distorsión entre ingresos y egresos fue tremenda y la concentración de instituciones caracterizó este período. El garante final del derecho a la salud de la población debe y es el Estado y si éste determina que sistemáticamente debemos cubrir nuevas prestaciones (que él no hace) debe necesariamente contemplar de donde saldrán los recursos necesarios.
Finalmente, la Economía Social en general y el mutualismo en particular seguirán funcionando bajo sus principios rectores, movidos por un espíritu solidario, de libre elección, sin restringir la iniciativa individual, pero devolviendo a la comunidad las riquezas que el lucro desmedido les priva, engendrando sistemáticamente una de las maneras más legítimas de creación y distribución que registra la propia historia del mutualismo.
Juan A. Pivetta para Mundo Mutual
